Decreto 0729

Colombia adopta nueva Política Nacional de Salud Mental 2025-2034: Un hito histórico en la atención psicológica y psiquiátrica del país

Colombia marca un antes y un después en el abordaje de la salud mental con la adopción de la nueva Política Nacional de Salud Mental 2025-2034, respaldada por la sanción de la Ley 2460 de 2025 y el Decreto 729 de 2025. Esta transformación histórica promete revolucionar el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica en el país, priorizando un enfoque integral, comunitario y libre de estigma.

El pasado 26 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2460 de 2025, que modifica la anterior Ley 1616 de 2013 y establece nuevas disposiciones para la prevención y atención de trastornos mentales [1]. Simultáneamente, el Decreto 729 de 2025 adoptó oficialmente la actualización de la Política Nacional de Salud Mental para el período 2025-2034 [2].

Un cambio de paradigma en salud mental

La nueva política representa un cambio fundamental en la concepción de la salud mental en Colombia. Según el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, «hoy, más de 8.000 psicólogos recorren el país llevando atención a quienes más lo necesitan, y se avanza en la contratación de psiquiatras. Gracias a una inversión histórica de 150 millones de dólares en infraestructura, hoy la salud mental es una realidad prioritaria» [1].

La iniciativa fue liderada por la representante Olga Lucía Velásquez, coordinadora de la Comisión Accidental de Salud Mental de la Cámara de Representantes, quien destacó que «una de las razones por las cuales la anterior ley de salud mental no se aplicó totalmente fue la falta de dinero» [3]. Para solucionar esta problemática, la nueva normativa incluye la creación de una subcuenta específica para salud mental y cuenta con el respaldo de un préstamo de 150 millones de dólares de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) [3].

Principales innovaciones de la nueva política

Acceso directo y eliminación de barreras

Una de las transformaciones más significativas es la eliminación de la barrera que obligaba a los pacientes a consultar primero con un médico general para acceder a atención psicológica. Con la nueva ley, «los pacientes ya no tendrán que consultar primero al médico general para que este los remita a un psicólogo, sino que podrán consultarlo directamente» [3].

Esta medida es especialmente relevante considerando que en Colombia existen aproximadamente 250.000 psicólogos, pero muchos no tenían empleo porque no formaban parte de la red de atención [3]. La nueva normativa abre más opciones de trabajo para estos profesionales, estableciendo además un servicio social obligatorio que deben cumplir con la comunidad y los pacientes.

Fortalecimiento del talento humano especializado

La escasez de psiquiatras ha sido uno de los principales desafíos del sistema de salud mental colombiano. Para abordar esta problemática, la nueva ley amplía el número de cupos disponibles para que más médicos puedan especializarse en psiquiatría [3]. Adicionalmente, se garantiza el acceso a medicamentos psiquiátricos a través del Invima, e incluso se establece que los colombianos que viajen al exterior puedan acceder a sus medicamentos según las recomendaciones de la Cancillería [3].

El ministro Jaramillo destacó que actualmente el país cuenta con «más de 10.800 equipos básicos, donde cada equipo tiene al menos una psicóloga o psicólogo, trabajando directamente en barrios, veredas y zonas apartadas» [1]. Estos equipos están llegando a alrededor de 400 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto) y PENIS (Planes Especiales de Intervención Integral) con equipos especializados que incluyen psiquiatras para atender a las poblaciones más vulnerables [1].

Cambios institucionales estructurales

La nueva política introduce importantes modificaciones institucionales diseñadas para mejorar la coordinación y efectividad de los servicios de salud mental. Entre estos cambios se destaca la creación de una división de salud mental dentro del Ministerio de Salud y Protección Social, así como el establecimiento de redes mixtas de atención que integran tanto el sector público como el privado [3].

Carmen Lucía Velázquez, presidenta de la Asociación Colombiana del Trastorno Bipolar, considera positivo este cambio porque «podría, por ejemplo, ayudar a más con toda su experiencia» [3]. Esta integración es crucial considerando que en Colombia la mayor atención de servicios de salud mental es privada, y es necesario integrarlas para tener mayor cobertura.

Enfoque comunitario y primeros auxilios en salud mental

Una innovación destacada de la nueva política es la creación de agentes comunitarios en salud mental, con los cuales se busca masificar los primeros auxilios en salud mental. Como explica la congresista Velásquez, «así como se masificó tomar la tensión arterial, medir la temperatura y poner una inyección, pues vamos a aprender técnicas de cómo actuar antes una crisis en salud mental con, por ejemplo, técnicas de respiración y relajación que ayuden a calmar a las personas» [3].

Esta estrategia comunitaria se complementa con un enfoque educativo integral que incluye campañas en colegios para enseñar el manejo de emociones y el cuidado de la salud mental desde edades tempranas [3].

Estrategia de comunicación y educación masiva

La nueva política establece un ambicioso plan de comunicación y educación que busca transformar la percepción social sobre la salud mental. El artículo 8 de la Ley 2460 de 2025 establece que el sistema de medios públicos deberá divulgar contenidos producidos por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para informar sobre qué es la salud mental y técnicas para cuidarla y mantenerla [4].

La Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) coadyuvará en la emisión de material audiovisual correspondiente, mientras que los municipios, departamentos y el gobierno nacional tendrán que hacer campañas institucionales masivas [4]. Como explica la representante Velásquez, «esto es muy importante, porque la gente a veces no habla de salud mental, porque la confunde con el trastorno y una cosa es la salud mental y otra cosa es el trastorno de la salud mental» [3].

Adicionalmente, la ley establece que octubre será oficialmente el mes de la salud mental en Colombia [3], creando un espacio anual dedicado a la sensibilización y educación sobre esta temática.

Advertencias y protección de audiencias vulnerables

La nueva normativa también incluye disposiciones para establecer recomendaciones de advertencia a la audiencia sobre contenidos que puedan alterar la salud mental de los espectadores, con énfasis especial en la protección de niños, niñas y adolescentes. Estas advertencias deberán ir acompañadas de información sobre las rutas de atención y prevención en salud mental [4].

Marco legal y constitucional

La Política Nacional de Salud Mental 2025-2034 se fundamenta en un sólido marco constitucional y legal. El Decreto 729 de 2025 establece que el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia consagra la atención de la salud como un servicio público a cargo del Estado, el cual debe organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad [2].

La nueva política se desarrolla en cumplimiento de la Ley 1616 de 2013, la Ley Estatutaria 1751 de 2015, y la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia Potencia Mundial de la Vida»), que en su artículo 166 ordenó la actualización de la Política Nacional de Salud Mental [2].

Enfoque de derechos y poblaciones priorizadas

La Ley 2460 de 2025 establece que su objeto es «garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental» [4].

La normativa se aplica de manera transversal a todos los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como a las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales, con un enfoque de Derechos Humanos, género, diferencial, étnico, poblacional-territorial, de curso de vida y biopsicosocial [4].

Problemáticas que aborda la nueva política

El Decreto 729 de 2025 identifica múltiples problemáticas que justifican la actualización de la política de salud mental. Entre estas se encuentran las características estructurales del sistema de salud que deja sin cobertura en salud mental a gran parte de la población, la pobreza, la desigualdad e inequidad social, y las múltiples expresiones de violencia [2].

Particularmente relevante es el abordaje de las violencias asociadas al conflicto armado, como el desplazamiento forzado, la desaparición de personas, y el reclutamiento ilícito de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como las violencias de género en todos los entornos [2].

La política también reconoce otros factores determinantes como el consumo problemático de sustancias psicoactivas, la sobrecarga laboral de los cuidadores de personas con trastornos mentales y/o discapacidades, la falta de talento humano calificado en salud disponible en todo el territorio nacional, y la débil articulación entre los sectores, los territorios y la ciudadanía [2].

Antecedentes y lecciones aprendidas

El documento reconoce los antecedentes de instrumentos de política pública enfocados en mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud mental, incluyendo la Resolución 2358 de 1998 que adoptó la primera Política Nacional de Salud Mental, los lineamientos de 2005, el documento de 2007, y la Resolución 4886 de 2018 que adoptó la política anterior [2].

El CONPES 3992 de 2020 sobre la «Estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia» identificó problemas clave que han sido incorporados en la nueva política, incluyendo la baja coordinación intersectorial, la fragmentación y limitado uso de la información sobre salud mental, las barreras en diferentes entornos, el bajo desarrollo de competencias socioemocionales, las limitaciones en la atención integral, y la baja disponibilidad de Talento Humano en Salud [2].

Implementación y cronograma

La implementación de la nueva Política Nacional de Salud Mental ya está en marcha. Según la representante Velásquez, se espera una reunión con el Ministerio de Salud en aproximadamente quince días desde julio de 2025, «para empezar a trabajar en la puerta de entrada a la atención en salud y para definir cómo se va a utilizar el crédito» [3].

También se solicitará de manera formal al Ministerio de Hacienda la creación de la subcuenta específica para salud mental. «Esperamos que de aquí al mes de octubre se sienta la implementación de la ley», concluyó la congresista [3].

Inversión y financiación

La nueva política cuenta con un respaldo financiero sin precedentes. Además del préstamo de 150 millones de dólares de la CAF, el ministro Jaramillo destacó que se trata de «una inversión histórica de 150 millones de dólares en infraestructura» [1]. Esta inversión se complementa con la creación de la subcuenta específica para salud mental, que busca garantizar recursos sostenibles para la implementación de la política.

Impacto social y transformación cultural

La presidenta de la Asociación Colombiana del Trastorno Bipolar, Carmen Lucía Velázquez, considera que el trabajo de divulgación es fundamental porque «uno de los principales problemas que enfrentan los pacientes es el estigma y el autoestigma, y sin lugar a duda la información adecuada contribuye a reducirlo» [3].

La representante Olga Lucía Velásquez enfatiza que la transformación va más allá de la atención médica: «Si transformamos la mente de las personas y les enseñamos que debe haber un autocuidado, que una familia debe ser un entorno protector y debe haber salud mental familiar, cambiamos la mente de la comunidad y con ello la sociedad, y una sociedad que se transforma con una buena salud mental es una sociedad más productiva, más próspera y libre» [3].

Reconocimiento como derecho fundamental

El ministro Jaramillo destacó que «con la nueva ley, se fortalece el rol fundamental de las y los psicólogos en el sistema de salud, reconociendo su papel clave en la construcción de una sociedad más empática, protegida y emocionalmente sana» [1].

La nueva política busca garantizar el acceso a una atención integral, preventiva y comunitaria, abordando los determinantes sociales y superando el estigma y la exclusión que por años han rodeado los problemas de salud mental, a través de líneas estratégicas con acciones transectoriales [1].

Perspectivas y desafíos futuros

Carmen Lucía Velázquez advierte que «esta ley es un gran desafío, tiene muchas fortalezas, pero también exige que realmente se aplique» [3]. El éxito de la nueva política dependerá de la coordinación efectiva entre diferentes sectores, la asignación adecuada de recursos, y el compromiso sostenido de todas las instituciones involucradas.

La nueva Política Nacional de Salud Mental 2025-2034 representa una oportunidad histórica para Colombia de posicionarse como líder regional en el abordaje integral de la salud mental, priorizando un enfoque de derechos humanos, inclusión social y atención comunitaria.

Como concluyó el ministro Jaramillo: «Reconocemos y agradecemos el compromiso del presidente Gustavo Petro con el bienestar emocional y laboral de los colombianos. ¡Este es solo el comienzo de un país que avanza hacia la dignidad y la justicia social!» [1].

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Fuentes